El día de ayer el gobierno federal mexicano, en voz de Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación, informó que acepta la propuesta de diálogo iniciada por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, PDPR-EPR. Se trata ésta de una organización guerrillera, quizá la más organizada y presente en el país, que hoy reclama la presentación de dos de sus más destacados dirigentes, desaparecidos (presuntamente muertos ya) el pasado año al fragor del movimiento magisterial y social de Oaxaca. En 2007 el EPR hostigó al gobierno mexicano con la voladura de instalaciones estratégicas de control y distribución de Pemex, con la sola exigencia de que fueran presentados con vida (o como se pudiera) los dirigentes desaparecidos. La reacción del presidente Calderón y gabinete fue de absoluto desentendimiento del problema, arguyendo que no podían cuidar los cientos de kilómetros de ductos de distribución de la paraestatal petrolera mexicana. Hoy se dicen dispuestos a dialogar.
Mouriño, con una pesada carga ya de desprestigio personal por utilizar cargos públicos para obtener beneficios económicos para las empresas familiares, había declarado a principios de este año (enero 18), con tanta enjundia como ignorancia que “El EPR es un grupo terrorista … nosotros no podemos actuar más que conforme a la ley, y que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que trate de encontrar a los responsables de cometer actos terroristas”, negando así cualquier posibilidad de diálogo. Al parecer el agua ya llegó al cuello y, doblando la cerviz, Mouriño y Calderón ya están poniendo las condiciones para que haya el diálogo pedido por los guerrilleros. Condiciones que no puede cumplir el EPR, desde luego, lo que hace sospechar alguna truculencia en las declaraciones.
Esperemos que corra un poco más el agua. Por el momento parecería que va una de cal por las tantas de arena.
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