El centro de atención económico-político de estos días es la definición del presupuesto público 2011. O debería serlo. La Ley de Ingreso y el Presupuesto de Egresos de la Federación son los temas. Estos documentos mostrarán las disposiciones de política económica de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hacia la atención de los requerimientos nacionales para el crecimiento económico y el desarrollo social. O si se prefiere, para atender el mandato constitucional de asegurar a los mexicanos el acceso a la educación, la salud, el empleo, el ingreso real, la seguridad, la vivienda, por decir lo menos.
Sin embargo, los partidos y los representantes del gobierno se dedican a lo excéntrico (“Que está fuera del centro, o que tiene un centro diferente.”). Podría ser acaso que los parlamentarios partidistas estén estudiando muy a fondo la propuesta enviada por Calderón y que los del Ejecutivo anden atendiendo el desastre provocado por los huracanes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Pero no es así, ambos grupos están orbitando en la obsesión infinita de las elecciones del año entrante y de las presidenciales en 2012.
Y en este punto no están tampoco en una discusión programática que analice y defina el trabajo de los futuros gobernantes en una coyuntura de crisis que no acaba, sino en el más pedestre pleito por resolver la manera en que un partido derrotará al otro, en los términos definidos para siempre por El Presidente: aiga sido como aiga sido. No se aprecia ni el aroma de un intento de concertar acuerdos, sino todo lo contrario, el bullicio de marchantes de mercado ofrece lo contrario, cómo no se deben tomar acuerdos -y mucho menos alianzas electorales- para no gobernar a nombre del amplio espectro de preferencias y necesidades de los ciudadanos. AMLO y Peña Nieto coinciden en rechazar estas alianzas.
Y como el presupuesto es también un asunto electoral, sólo hemos visto pasar los dimes y diretes de los diputados y senadores acerca de los impuestos. El partido que proponga menos impuestos será, en esta lógica infame, el más popular y el que tenga más votos y el que gane las gubernaturas pendientes y afiance su candidato a la presidencia que se viene. Así, el PRI dice que bajará el IVA en un punto porcentual –de 16 a 15-, el PAN que lo disminuirá a 12% incluyendo alimentos y medicinas y el PRD dice que lo que diga el PAN está bien, pero que podrían también apoyar al PRI; el PT hará lo que diga AMLO y Convergencia no ha dicho esta boca es mía.
Es falso el dilema sobre subir o no los impuestos. Es evidente que la población no soportará un incremento en los impuestos indirectos, como el IVA, por eso es irrelevante en términos económicos este asunto, porque no contribuye al bienestar social. El análisis de las finanzas públicas del próximo año debe incluir una modificación radical a las tasas y condiciones tributarias directas del grupo de poderosos capitalistas que atesoran el 80% del ingreso nacional.
Es urgente eliminar el esquema de “consolidación fiscal” que Luis Echeverría regaló a los grandes contribuyentes y que consiste en trasladar contablemente las grandes ganancias de uno o varios negocios de una misma firma a una de sus empresas en quiebra o con bajos dividendos (empresa ésta que quizá solo exista en el papel), de modo que el total de ganancias se anule y así se dejen de pagar más de 500 mil millones de pesos anuales al fisco, para el bienestar de los que más tienen.
Los ingresos se fortalecerán también anulando la discrecionalidad con que el gobierno federal opera sus empresas, especialmente Pemex. Es un mito la ineficacia económica de esta empresa, una de las más grandes a nivel mundial, por sus ganancias y por el volumen de sus operaciones. Una mentira a punto de considerarse verdad, porque no hay empresa que resista una carga fiscal del 45% sobre sus ingresos, que se traduce en una deducción monetaria de más del 54% de sus ganancias.
A falta de rendición pública de estas cuentas, lo que se nos informa pretende convencernos de abrir Pemex al capital privado y a la compra de petróleo por falta de refinadoras. Asociado al saqueo de las paraestatales está el crecimiento desmedido del aparato burocrático estatal. En tanto los gobiernos de derecha no cuentan con cuadros técnicamente calificados para realizar las tareas del gobierno, se ha creado un aparato de control paralelo que posiblemente sea más oneroso que el original.
De la misma manera que en los Estados Unidos el Partido Republicano –y su filial ultra, el Tea Party- amenaza con castigar a las clases medias con un alza de impuestos si no se recortan los impuestos a los ricos, en México el PAN y el PRI encabezan una ofensiva contra los ciudadanos descuidando el paquete fiscal y dejándolo al vaivén de las elecciones venideras, con la diferencia de que en EU el gobierno reconoce 15 millones de pobres y aquí existen más de 50.
Es así que Daniel Karam, Director del IMSS y responsable señalado de la muerte de 49 niños en el incendio de la Guardería ABC en junio de 2009, sin el menor rubor sugiere desaparecer el seguro de salud familiar, reducir la pensión de los jubilados y utilizar para otros fines la reserva de seguros de invalidez y riesgos del trabajo. Pero no dice pío sobre el monto de recursos que los patrones dejan de cubrir como cuotas obligatorias al Instituto.
Muy en el fondo de sus conciencias, los parlamentarios mexicanos sueñan con que la recuperación económica estadounidense nos traerá la fe perdida en nuestro propio milagro. Pero hasta los gringos saben que tal mejoría no está a la vista y que el enorme desempleo que sufren, aunado a una política monetaria nula, puede arrastrarlos a la deflación, fenómeno que pospone el crecimiento económico durante años. Pero nada justifica la venalidad con que actúan nuestros políticos en este momento.
Mientras tanto, la guerra desatada por Felipe Calderón sigue cobrando vidas, culpables o inocentes, en un número mayor que cualquier otro país del mundo, incluido Irak.
Vamos por un presupuesto que promueva el crecimiento y el bienestar de la población. Más impuestos a quién más gana.
